La investigación: El robo de los ERES “omitía la fiscalización y control posterior de las ayudas”: El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Y es que, según ha declarado el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde 2011, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no existían "solicitudes" de las ayudas ni "ninguna motivación", "no había requisitos" para acceder a las mismas, "no hay norma reguladora por parte de la administración" y no constaba fiscalización de las ayudas.
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